La presidenta del Consejo Nacional Electoral, rectora Tibisay Lucena, y el rector Germán Yépez, miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, anunciaron el inicio de la campaña ele ctoral presidencial a partir del próximo 1º de agosto. 

Durante el programa radial del Poder Electoral,  “Sufragio”, que se transmite todos los martes a las 9:00 de la mañana por Radio Nacional de Venezuela (RNV), dial 6.90 AM, los rectores del CNE  trataron el tema relacionado con la normativa que regirá dicha campaña electoral.

Al respecto precisaron que su discusión ha tomado bastantes horas de debate en el seno del CNE, por cuanto esta normativa debe responder al hecho inédito en Venezuela de que el Presidente de la República opta por la reelección al cargo que ostenta.

Bajo esta premisa el CNE ha discutido el proyecto de normativa, “buscando, en la mejor medida que exista, un equilibrio entre el derecho de los candidatos a emitir sus mensajes y el uso de los medios para difundirlos”, según lo destacó la rectora Tibisay Lucena, quien además señaló que el ente comicial está en la tarea de regular de manera ecuánime la utilización de las vías de financiamiento con la que contarán los actores políticos para efectuar la campaña por la Presidencia.

Por su parte, el rector Germán Yépez se refirió al artículo de la normativa que tiene que ver con la regulación del papel del funcionario público en medio de la campaña electoral, sin quebrantar los derechos políticos. Explicó, que el CNE en este punto busca crear parámetros legales en los que se establezca que las autoridades de la administración pública no utilicen sus centros de trabajo para hacer campaña, como posición privilegiada.

Adelantó que se ha acordado, entre los artículos aprobados hasta el momento, que los funcionarios públicos cuando estén en sus horarios de trabajo no podrán hacer actividad política, ni promocionar al candidato de su preferencia. Tampoco las instalaciones de instituciones públicas deben ser dispuestas para la difusión de propaganda y publicidad electoral, y mucho menos invertir recursos ni utilizar bienes para promocionar un proyecto político.

Yépez agregó que el CNE ha tomado en cuenta los argumentos legales, históricos, sociológicos y políticos, para definir un marco legal en el que se precisen los límites necesarios para hacer una campaña electoral equilibrada.

Normas serán “muros de contención que evitarán excesos en campaña”

La rectora Tibisay Lucena  indicó que en el proyecto de normas están previstos varios “muros de contención” que permitirán alcanzar el equilibrio en la campaña; como por ejemplo, los previstos en el capítulo II, artículo 6 del proyecto de Ley, en los que se establece, entre otras cosas, que no se permitirá la publicidad ni propaganda electoral que se produzca fuera del lapso de la campaña electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral; utilice la imagen, nombres o apellidos de cualquier ciudadana o ciudadano, candidata o candidato, así como colores o símbolos que identifiquen una organización con fines políticos, grupos de electores o electoras, sin su autorización; y que no sea financiada con fondos públicos o privados de origen ilícitos.

Sobre esta materia, el rector Yépez agregó  que otro aspecto que está previsto en este mismo artículo es regular los llamados abstencionistas por parte de sectores organizados que pretendan usar esto como bandera política, por cuento se prohíbe que se “desestimule el ejercicio del derecho al voto”.

Según explicaron los rectores, en esta normativa también están contemplados los mecanismos o los procedimientos administrativos, necesarios para la interposición de denuncias contra quienes quebranten las normas de propagada y publicidad que apruebe el CNE.

Asimismo, por primera vez, se pondrá en ejercicio la figura de los fiscales electorales, pues la Comisión de Participación Política y Financiamiento hará el seguimiento a la publicidad y propaganda electoral, a través del comité de seguimiento de campaña, para sancionar a los infractores y motivar a los que cumplen con los parámetros legales.