Este miércoles 5 de julio comenzó el trabajo de campo de la auditoría que efectúan siete instituciones de educación superior al Registro Electoral, el cual consiste en visitar unas 8 mil 345 viviendas, donde se espera encontrar a unos 2,5 venezolanos mayores de 18 años que serán encuestados, informó la rectora principal y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Sandra Oblitas, durante un programa transmitido por Radio Nacional de Venezuela.

La alta funcionaria  precisó que se espera encuestar a unas 20 mil personas, lo que estaría por encima del 0,1% del total de la población electoral,  “una muestra superior a lo aprobado inicialmente para el proceso de auditoría que comenzó el pasado 9 de junio”, destacó.

“La auditoría de campo permitirá obtener información valiosa sobre la data de esos venezolanos y venezolanas, en su condición de electores, que luego será certificada con la data que se tiene en el Registro Electoral”, agregó la rectora.

Respecto a la depuración del RE de las personas fallecidas, Oblitas señaló que  ese aspecto tenía que ver con los canales regulares a través de los cuales se declara muerta a un ciudadano. “El Consejo Nacional Electoral no puede declarar fallecida una persona. Es a través del Instituto de Estadísticas, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y Justicia, según sea el caso,  los que proveen de insumos al Poder Electoral para determinar la condición de fallecido de una persona y se hace la exclusión que corresponde”.

Recordó que la auditoría que realizó el año pasado Capel certificó que el Registro Electoral venezolano es apto para ser la base de un proceso electoral cualquiera, por lo que indicó que la auditoría  actual “viene a formar parte de esa base, ese piso, ese soporte, de esas garantías adicionales que el Consejo Nacional Electoral está otorgando para las elecciones presidenciales del 3 de diciembre. Es un esfuerzo adicional en aras de acumular elementos para la participación en el próximo proceso electoral”.

En el caso específico de los módulos de fallecidos, refirió que esta auditoría está  certificando los mecanismos y contrastando la eficiencia del Consejo Nacional Electoral en atender el proceso de exclusión de los fallecidos y que no se saque a ciudadanos vivos que pueden ejercer todos sus derechos constitucionales.  

Oblitas reiteró que el RE es auditado en forma permanente, por cuanto mensualmente se realizan cambios de residencias, actualización de datos, de centros de votación o algún otro reclamo, se hace  la revisión de todos los mecanismos de verificación de los datos.

Ratificó, igualmente, que para el Consejo Nacional Electoral lo más importante es salvaguardar el derecho político que tienen los ciudadanos de ejercer el sufragio y que los errores que tienen ver con un detalle en el nombre, en el apellido no permiten  lesionar el derecho al sufragio.

“Hay que desmitificar el tema de las direcciones”

En torno a las solicitudes de los partidos políticos de que se entregue el Registro Electoral con las direcciones de los electores, la rectora dejó claro que “ese aspecto de las direcciones debe ser desmitificado". Expresó que “cuando un ciudadano se inscribe en el Registro Electoral da la dirección y ningún agente de actualización, de los 1400 desplegados por el ente comicial en todo el país, tiene un mecanismo para determinar que la dirección que está dando la persona sea la verdadera. Pero incluso más allá de eso lo que si hay es una base legal, que impide al Poder Electoral dar las direcciones de los electores, porque hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia”.

Dejó claro que lo que está establecido en la ley es que una vez aprobado el Registro Electoral definitivo se entregará a los partidos los nombres sin las direcciones de los electores.

No se han incorporado 

La rectora Oblitas también  refirió que los técnicos de los precandidatos presidenciales “no se han incorporado formalmente” a la auditoria del Registro Electoral que deberá terminar el 31 de julio.

En la actualidad “estamos en los procesos que tienen que ver con el establecimiento de los mecanismos que permitan la incorporación de estos auditores”,  de acuerdo con lo aprobado por el directorio.