La Comisión de Participación Política y Financiamiento propondrá al directorio del Consejo Nacional Electoral elevar una consulta ante el Tribunal Supremo de Justicia, referida a la eventual desaplicación del artículo 26 de la Ley de Partidos Políticos, el cual obliga a las organizaciones con fines políticos a renovar su nómina de inscritos ante el organismo comicial.

El presidente de dicha Comisión, rector Vicente Díaz, comentó que tras el análisis de la Constitución -en la cual se estimula la participación y se asume el voto como un derecho y no como un deber-, y en atención a la inquietud expresada por algunos partidos políticos, estima conveniente revisar la obligación que tienen las organizaciones partidistas de recoger firmas para renovar su plantilla de suscritos.

En opinión del rector “dado que con la actual legislación el acto del sufragio deja de ser obligatorio, para convertirse en un derecho de la ciudadanía, la participación en las elecciones se convierte en un acto voluntario”, por lo cual “no se puede ilegalizar a un partido porque haya decidido no participar y por no haber recabado  cierta cantidad de votos”, refirió.

El rector agregó que en caso de que esto sea aceptado por el directorio, se oficiará a la Consultoría Jurídica para que eleve ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la desaplicación del artículo 26 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

Los mismos están referidos a que “Los partidos políticos nacionales renovarán, en el curso del año en que comience cada período constitucional, su nómina de inscritos en el porcentaje del 0,5% en la forma señalada en esta Ley para su constitución”, en tanto que “Los partidos que hubieron obtenido en las elecciones nacionales correspondientes el 1% de los votos emitidos, sólo tendrán que presentar una constancia de votación que obtuvieron, debidamente certificadas, por el respectivo organismo electoral”.

El rector Díaz enfatizó que siempre ha estado planteada la participación de las organizaciones en las elecciones presidenciales de diciembre de este año, puesto que el período constitucional “empieza con el Presidente”, y que en caso de que fuese necesario recoger firmas los partidos deberán hacerlo en el año 2007.