Discurso pronunciado por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Dr. Jorge Rodríguez Gómez, en el marco de la sesión especial con motivo de celebrarse el sexto aniversario de la aprobación y puesta en vigencia, en el primer referendo consultivo de este período republicano, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hecho que ocurrió el 15 de diciembre de 1999.

(Vocativo...)
Agradezco profundamente la oportunidad que se me otorga para estar aquí, en este día luminoso que celebra el sexto aniversario de la consagración de una nueva era, de una concepción de democracia que nos permita navegar por aguas de progreso, que nos permita sortear obstáculos y tormentos, que nos ratifique en conocimientos elementales como la paz, la concordia, el respeto y la preservación del alma ciudadana que nos han sido incorporados desde las primeras nociones de nuestra infancia.

Esta mañana de diciembre, regalada por la luz del cielo de Caracas, conforma un día de regocijo puesto que celebramos la materialización de la voz del pueblo. El dibujo de un mapa de patria, sometido a la consulta, el desarrollo de UN ACUERDO a ser respetado por todos, puesto que todos convinimos en la búsqueda común de sueños, de instituciones dignas, de encuentro dentro de la legalidad dentro de la indispensable inclusión que hace fuertes a los pueblos.

Eso significa la Constitución, UN ACUERDO, una arquitectura del edificio de todos, el aparato locomotor y circulatorio de nuestra existencia en sociedad. Ya desde su preámbulo, tocado por la luz azul de las manos del poeta, se define lo que somos, pero sobre todo, se perfila lo que queremos ser, se muestra el camino que I queremos andar; preámbulo para ser repetido, para ser enseñado en las escuelas y repicado por la voz de nuestros niños, para ser invocado como un Mantra cuando la oscuridad aseche:

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborigen es y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social ya la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre yen referendo democrático.

Y aquí es necesario detenerse para señalar cómo desde el mismo preámbulo se define el carácter de nuestra democracia, se adjetiva proporcionándole ropajes nítidos y definitivos: nuestra democracia se establece desde la Constitución de 1999 como PARTICIPATIVA y PROTAGÓNICA. Supera el carácter representativo, instaurado en la Constitución de 1961 y amplifica en grado superlativo el valor de la voz del pueblo.

¿Y cómo se canaliza esa voz, cuál es el cauce que la determina, las herramientas que se nos otorgan para que ese mandato popular no se convierta en eco sin destino?

Múltiples son los ejemplos, regados en todo el articulado de la Constitución en el orden social, económico y político, en que la participación y el protagonismo del pueblo se hace norma, ley fundamental, semilla de futuro. A mí, como vocero de la rama del Poder Público que represento, como emisario de los miles de funcionarios del Poder Electoral, de los cientos de miles de miembros de mesas electorales, de los centenares de representantes de Juntas Electorales Municipales y Regionales, me corresponde discurrir sobre algunos derechos fundamentales que estamos obligados a defender: el derecho a la participación política, el protagonismo del pueblo que se expresa en el sufragio.

Qué duda cabe, la Constitución es más diáfana que mis palabras. El Artículo 63 consagra el sufragio como un derecho, que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas; y poco después, en el artículo 70, se establecen como medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros.

El sufragio entonces como derecho universal y como vehículo, no solo de selección de cargos de representación popular, si no de consulta frente a temas fundamentales que al pueblo le competen.

Si me permiten, demos un vistazo somero a la evolución del sufragio, vale decir, del sistema electoral, en la historia reciente del país:

Después de la reconquista de la democracia por el pueblo en 1958, los venezolanos elegimos presidente de la República en 1959 por la acción del voto directo, universal y secreto. El sistema electoral era incipiente y frágil, no se contaba ni con registro confiable de electores, y se realizaba el voto por tarjetas separadas, lo que favorecía la posibilidad de violación del secreto del voto al exigírsele al votante, por los factores de poder, la presentación de las tarjetas no sufragadas a fin de que la coacción fuera factor de importancia en la toma de decisión de los electores. Rápidamente, el sistema electoral, y su administración, adquiere el carácter de dominio partidocrático que rigió el panorama político venezolano en, al menos, las décadas del 60, 70, 80 y mediados de los 90. El árbitro electoral pierde su efímero esbozo de imparcialidad y transparencia y los integrantes del extinto Consejo Supremo Electoral no son más que representantes de los partidos políticos mayoritarios instalados en la Cámara de Diputados del Congreso de la República. Incluso, en 1964, el Congreso de la República en un ejercicio de descaro se atreve a afirmar que los partidos tradicionales "enraizados en la conciencia nacional" deberían tener preferencia en la composición del CSE. Es decir, la administración electoral no estaba en modo alguno diseñada para cuidar la expresión de la voluntad ciudadana, si no para garantizar el statu quo de los partidos tradicionales. Zamuros cuidando, y repartiéndose, la maltratada carne del voto de las venezolanas y los venezolanos. Se votaba por listas cerradas y bloqueadas, con la cara del candidato a la Presidencia se elegía a diputados y senadores al congreso nacional, diputados a las Asambleas Legislativas ya concejales; muchos de ellos nunca llegaban a ser conocidos, ni por asomo, por sus electores. Era la época, también, del voto manual, del dominio absoluto que los partidos mayoritarios realizaban del devenir de los procesos electorales. Literalmente, la feudalización del árbitro electoral que llegó a deformarse a niveles brutales y groseros de clientelismo político. Probablemente, algunos de ustedes no sepan que en el Consejo Supremo Electoral no había, como es dable pensar a partir de un concepto eficiente de Gerencia pública o privada, un director de informática, un director de partidos políticos o de comunicaciones. No. Había un director de informática por cada partido del status, el director del partido A, el director del partido B, que por supuesto eran militantes de esos partidos, y respondían, que duda cabe, a los intereses de sus toldas antes que a la necesidad de desarrollar una administración electoral eficiente. Hasta finales de la década de los 80, los únicos elementos apreciables de evolución del sistema electoral venezolano fueron la conformación del Registro electoral y la boleta única como instrumento de votación, ambas innovaciones incorporadas a comienzos de la década del 70.

Este dominio férreo de la administración electoral por la partidocracia imperante generó importantes deformaciones, decepciones, desesperanzas y dudas:

El sistema electoral no estaba, en modo alguno, diseñado para la defensa de la voluntad de los ciudadanos, si no para el reparto y la componenda, como si los votos, y su consecuencia directa, la adjudicación de cargos de elección popular, fueran barajitas que se pudieran negociar en una plaza de mercado. El voto manual, más el dominio de las mesas electorales por los testigos de los partidos, condujo a una terrible fragilidad en la medición justa de la intención de los votantes y el expediente terrible del "acta mata votos" se impuso como cotidianidad, como frustración, como alejamiento entre los representantes electos y sus representados.

La primera vez que voté fue en diciembre de 1983. Un mes antes había cumplido 18 años. Voté por uno de esos pequeños partidos de la época que no participaban del reparto feudal de la administración electoral. Cuando llegó la hora del escrutinio, mi voto había desaparecido: ningún voto para el partido de mi preferencia apareció en la mesa donde sufragué. Se lo había tragado el éter, el agujero negro que ahogaba a los partidos sin dolientes en el Consejo Electoral. No sé si la memoria me falla, pero no recuerdo haber visto, ese día de diciembre del 83, a ningún observador internacional destacado en el centro de votación del Colegio María Auxiliadora de Barquisimeto a quien exponerle mi queja.

Esta situación hizo crisis a finales de la década de los 80, y las grandes mayorías de la población, que desconfiaban del árbitro electoral, presionan para demandar representantes en el Consejo Electoral más comprometidos con la defensa de los electores que con el mantenimiento de las prebendas y los espacios de poder por los partidos. Las exigencias de uninominalidad, la descentralización para la elección directa de mandatarios regionales y municipales, los cambios en los esquemas de representación proporcional, y las graves crisis políticas experimentadas por el país a partir de 1989, condujeron a sucesivas reformas del sistema electoral que intentaron paliar muchas de las críticas de la población. La anquilosada columna vertebral representada por esta forma particular de concebir las estructuras democráticas, el dominio férreo de los partidos, el fraude a flor de piel y la componenda artera, persistieron aún por una década más con la terquedad de los dinosaurios que aún no se han enterado de su próxima extinción.

La Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, promulgada por el Congreso Nacional en 1997, aún vigente, sentó las bases para dos reformas fundamentales que contribuyeron en el abordaje de algunas de las críticas de la población hacia el Consejo Supremo Electoral:

· Por un lado, el intento de despartidización de la base de la pirámide electoral, con la instauración del servicio electoral obligatorio y el sorteo de los miembros de mesa y Juntas electorales municipales y regionales.
· Por otro lado, y como remedio contra el fraude, contra la compra-venta de votos, contra la manipulación de resultados, contra "el acta mata votos", instaura la automatización del evento electoral en todos sus pasos. Así, sin ambages, lo establece la ley en su art 154: "El proceso de votación, escrutinio, totalización y adjudicación será totalmente automatizado". TOTALMENTE AUTOMATIZADO, en todas sus partes, en todas sus etapas. ¿Y cuál fue la intención del legislador al imponer de manera tan tajante la automatización del voto desde 1997? ¿Acaso arrestos futuristas, veleidades tecnológicas del legislador? Vista la historia de décadas de manipulación de la voluntad popular, la postura del legislador no solo fue acertada, sino oportuna. En definitiva, la automatización vendría a constituirse en el bálsamo que sanaría las heridas infringidas por los partidos a la confianza en el árbitro.

· Y así llegamos a la fecha histórica que hoy nos congrega, así la Providencia nos ha permitido beber dichas y sinsabores, avances y detenciones; nos ha hecho, a todos, testigos y actores en la germinación del proyecto de nación que aprobamos el 15 de diciembre de 1999. Es natural que estos hayan sido años intensos, estremecedores, alejados de la modorra y del tedio. Todo lo que nace se consteliza en el firmamento y remueve ángeles y demonios. El cauce que nuestra constitución nos ofrece es tumultuoso, como siempre ocurre cuando se sueltan los diques que contienen al pueblo. Y la ley fundamental impone un mandato en materia electoral que tiene que ser cumplido por todas y todos: un principio establece la división pentapartita y horizontal de los poderes públicos, elevando el árbitro electoral hasta una de las cinco ramas del Poder Público Nacional y otorgándole rango constitucional que garantice, como está señalado en el artículo 293 del texto constitucional, “la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales”

La intención del constituyente parece clara, incluso diáfana cuando ordena al Poder Electoral que se rija, como reza el artículo 294, por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios. Se exige un Poder Electoral fuerte, independiente, sano, al servicio de todas y de todos, ajeno a conciliábulos y componendas, para devolverle al voto el carácter sagrado de expresión de soberanía. Más aun cuando los mecanismos de participación política consagrados en la Constitución, son diversos e incluso, la revocatoria de mandatos de cargo de elección popular si las mayorías que eligieron al funcionario así lo consideran cumplida la mitad del período constitucional para el que fue electo.

¿Y se ha cumplido, en estos seis años de vigencia de la carta magna, con el mandato en materia de participación política, de transparencia de los actos electorales, de devolverle al pueblo la voz por la acción de su voto?

Dejemos, si me lo permiten, que hablen los números, que afianzan hechos incontrovertibles de acción política:

· Entre 1959 y Diciembre de 1998 se realizaron en Venezuela quince eventos electorales. En un lapso de casi 40 años, quince comicios para selección de cargos por vía del voto popular.

· Entre el 25 de abril de 1999 y el 4 de diciembre de 2005 se han realizado en Venezuela 10 eventos electorales que incluyen cargos de elección popular, referendo consultivo para convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el referendo aprobatorio de la Constitución del 15 de diciembre de 1999, el Referendo Nacional Sindical y el Referendo revocatorio del mandato del presidente de la república del 15 de Agosto de 2004. 10 eventos electorales en un lapso de 6 años. En el período anterior de 40 años notaremos que se convocó un promedio de menos de dos eventos electorales CADA CINCO AÑOS; la relación, desde 1999, se transforma y crece aun promedio de casi dos comicios POR AÑO.

· Entre 1959 y 1998 se escrutaron en Venezuela aproximadamente 70 millones de votos, un promedio de un millón setecientos cincuenta mil votos por año. Alrededor y después de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se han escrutado, en un lapso de 6 años, 52 millones de votos, un promedio de ocho millones seiscientos mil votos por año, cinco veces más votos en promedio por año que los escrutados en los cuarenta años previos a la aprobación de la Carta magna del 99.

· Es incontrovertible, entonces, como se ha acelerado de manera vertiginosa la participación del pueblo en eventos electorales.

· Pero esta Constitución del 1999 abrió caminos novísimos de participación política, llegando a niveles de consulta como en ninguna otra parte del mundo. La convocatoria del Referendo Revocatorio del mandato del Presidente de la República del 15 de Agosto de 2004, sus incuestionables resultados, fueron ejemplo para el mundo entero, que temía, o a lo mejor debía decir que algunos factores esperaban, que no pudiéramos resolver las diferencias políticas derivadas de la polarización por vías constitucionales, pacíficas, democráticas y electorales. Como no nos matamos hermanos contra hermanos, padres contra hijos, amigos contra amigos, quizás no hemos podido apreciar en su justa dimensión los riesgos que corrimos y cómo la activación del mecanismo constitucional de consulta bajo la figura del Referendo Revocatorio conformó un alejamiento definitivo de la violencia, un grito de paz que salió de diez millones de gargantas, que fuimos las venezolanas y venezolanos, que con el signo político que fuere poblamos las calles, las aceras, las ciudades y los pueblos, diciendo queremos paz, diciendo queremos democracia, enviando un mensaje rotundo a todas y a todos de que en Democracia se pierde o se gana en las mesas electorales, se discute o se establecen estrategias políticas acertadas o no, pero no se atropella.

· Mucho se ha hablado, se ha escrito, se ha mentido, se ha tergiversado, sobre el proceso de automatización del voto en Venezuela. Más allá de la desesperación que a veces nos produce tanta injuria, tanta infamia, un elemento positivo ha obtenido, el Poder Electoral, de tanto escrutinio, sea este bien intencionado o movido por las voces plañideras que claman por volver al pasado, o por las maniobras arteras que procuran agredir ala democracia: gracias a todo esto, Venezuela cuenta, en los actuales momentos, con el sistema de votación más moderno del mundo, el más transparente, el más auditable, el más seguro. Así lo certifican voces del mundo entero, así lo certificaron TODOS los partidos políticos, y digo con énfasis TODOS los partidos políticos que se inscribieron en la justa electoral del 4 de diciembre de 2005. Constan en poder del Consejo Nacional Electoral las actas firmadas por los representantes de todos los partidos políticos que avalaron la transparencia del sistema automatizado de votación. Así lo refrendan las opiniones objetivas de las llamadas misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, invitados para la reciente justa electoral del 4 de diciembre. Permítanme una breve disgresión: El Consejo Nacional Electoral solo atenderá las apreciaciones objetivas que estos observadores hicieron de nuestro sistema electoral. Para eso vinieron. Eso es lo que hace una misión de observación electoral internacional: certificar o no la transparencia de un evento electoral, y esa certificación la confirieron con creces al Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Sus sugerencias y críticas sobre el desempeño del árbitro las acogemos con humildad. En cuanto a sus opiniones políticas, en cuanto a la libra de carne que le quisieron lanzar a la jauría mediática, les son completamente indiferentes al Poder Electoral.

· Permítanme que haga un comentario sobre el evento electoral que acaba de transcurrir, que busque las palabras que no oculten si no que esclarezcan, como en ese verso del poeta Rafael Cadenas que escribió: “Que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido”. Para el evento lectoral que renovó el poder legislativo nacional, el latinoamericano y el parlamento andino, todas las garantías fueron otorgadas. Siempre nos resultó claro que teníamos que atender a todos los sectores y enviar señales de confianza a toda la población. Eso, incluso, nos llevó a reunirnos más con los sectores de oposición, atender con más ahínco sus demandas. A todo lo largo del proceso electoral, que es una intrincada trama de eventos concatenados que se agrupan en un cronograma de seis meses de arduo trabajo, la oposición pudo constatar que el Poder Electoral no dejó ni un cabo suelto en el otorgamiento de garantías, que todo se satisfizo con celeridad y eficiencia. Faltando tres días para el momento de la elección, inexplicablemente, o por razones que el Poder Electoral no puede dilucidar, se retiran de la contienda sectores políticos, negando la oferta electoral a sus seguidores. Lo digo con responsabilidad, una sola cosa no podía aceptar el Poder Electoral sin incurrir en graves faltas a principios sagrados de la Constitución: la pretensión de suspender el acto electoral, la posposición de su realización conformaba una opción inaceptable. Imagínense que por presiones políticas, económicas o de cualquiera índole, el árbitro sucumba al deseo de grupos. Si alguien se sintiera con poder suficiente podría enajenar la celebración de elecciones y entonces, la democracia desfallecería y las instituciones quedarían al servicio de fines distintos a los que la República exige. Tal como en el poema de Cavafy,

Esperando a los bárbaros, que dice:

"¿Por qué tanta inacción en el senado?

¿Por qué los senadores no legislan?

Porque los bárbaros llegan hoy.

¿Qué leyes van a dictar los senadores?

Los bárbaros, cuando lleguen, harán las leyes"

Las 27.30 mesas electorales estuvieron dispuestas, las garantías cristalizadas, el músculo del Poder Electoral a tono, para que todos pudieran expresarse el 4 de diciembre. Y miren que costó esfuerzo, angustia, decepciones, entrega. La brutal campaña de algunos medios de comunicación contra el sistema político y electoral venezolano arreció hasta llegar a niveles intolerables, la presión hacia factores políticos fue descarada y grosera; el sábado 3 de diciembre, estallaron artefactos explosivos en distintos lugares del país, uno, por cierto, detonó en la sede central del Consejo Nacional Electoral, en Caracas; se desarrollaron actos terroristas contra instalaciones petroleras y, curiosamente, los miembros de mesa de algunos centros de votación en Miranda, Zulia y Carabobo, no se presentaron a constituir las mesas de votación el día domingo, incumpliendo así la obligación que les impone la Ley del Sufragio y la Ley Orgánica del Poder Electoral. Todos esos obstáculos fueron sorteados, porque la elección tenía que realizarse, la voz del pueblo se tenía que escuchar, no nos íbamos a quedar sentados esperando a que llegaran los bárbaros.

Este proceso contó con baja participación, y esto es un mensaje que tiene que ser escuchado por todos. Por los partidos políticos, por el Consejo Nacional Electoral, por toda la sociedad. Hay quienes celebran la alta abstención, quienes se arrogan una extraña victoria extraída del silencio, quienes intentan responsabilizar al árbitro de su propia sordera. Vencedores y vencidos tienen que asumir que en democracia lo que cuentan son los votos, no mutismos, ni coacciones, ni la intención recurrente de torcer la verdad. Los partidos de gobierno y oposición están obligados a profundizar en las prácticas de democracia interna ya ofrecer, a sus seguidores, alternativas dignas de participación.

· Diputadas, diputados, tenemos tareas pendientes. El diálogo se impone, pero si me permiten una apreciación personal, un diálogo excluyente, plagado de componendas entre factores de poder y maniobras mezquinas, sería decepcionante y estéril. La Constitución nos proporciona herramientas de consulta y nos conmina a favorecer la participación del pueblo.

· Siempre hemos sido conscientes de nuestra transitoriedad, con la misma entereza con que hemos cumplido con nuestras obligaciones asumimos la necesidad de continuar sembrando confianza para todos, porque bajo el espíritu de nuestra Constitución, todos valemos lo mismo, todos somos iguales. Convocaremos, y esta es una invitación inclusiva, a todas las fuerzas vivas a discutir sobre todos los asuntos que al Poder Electoral conciernen. Discutamos con franqueza, pero mantengamos la palabra cuando se empeñe. Llevaremos, hasta donde nuestras fuerzas y responsabilidades alcancen, la discusión sobre temas como la automatización del voto en Venezuela, el Registro electoral y la democratización del voto, los mecanismos de respeto de la representación proporcional, las leyes urgentes que adapten la normativa electoral a los novedosos conceptos de democracia que la Constitución ha diseñado: una nueva ley de participación política, una nueva ley del sufragio, la ley de registro del estado civil de las personas, conforman necesidades perentorias. Que nada se quede sin discutir, que nadie se quede sin opinar. Recurramos a mecanismos audaces de consulta y exploración fecunda. El Poder Electoral ofrece sus humildes recursos para ese intercambio. A quienes nos agreden sin sentido, con esa rabia sorda hija de la impotencia y la prepotencia sin límites, les decimos que si ese es el precio apagar por cumplir con el deber de ofrecer elecciones dignas, transparentes, limpias y en paz, resulta un precio mas bien bajo.

· No concibo la vida sin el concurso de la poesía. Nuestros poetas nombran la patria mejor que cualquiera de nosotros. Invoco aquí la frescura y la melancolía con que Vicente Gerbasi diseca el rumor de los helechos, el sol alegre en la frente de Gustavo Pereira, el murmullo amoroso que se pasea en los versos de Eugenio Montejo, la ternura rechinante que William Osuna le arranca a la pizarra del Estadio Universitario, el espejismo que arrojó para siempre a Luis Alberto Crespo al llano y a los tremedales. Invoco al poeta del pueblo, Andrés Eloy Blanco, a que nos acompañe con este poema donde Bolívar, llegando a Angostura, respira la suerte de sus hijos, donde el Libertador nos cuida desde el lecho del padre río:

Y cuando subió la escalera,

Hacia la cumbre del Congreso,

Y cuando volvió hacia la playa

Con la República en el pecho,

¿Qué fue, Orinoco, aquella luz.

Que te encrespó los músculos y te erizó los nervios

Y sacudió tus hondas fibras

Desde la planta de Maipures hasta el puño de Macareo?

¿No era la Patria acaso? ¿No era la Patria misma?

La patria secular que te nació en tu seno

Y vivirá en los siglos, eterna como el Mundo,

Porque si un día se nos muere te devolverás del Océano.